Incoherencias del Poder Judicial arriesgan iniciativas de responsabilidad social

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Todos los peruanos recordamos las violentas escenas protagonizadas por Adriano Pozo,
agresor de Arlette Contreras, a quien el Poder Judicial ha absuelto del delito de tentativa
de feminicidio. Basta leer algunas reacciones en redes sociales para darnos cuenta
de la indignación general causada, pues todos recordamos la emisión de la cruel y
violenta escena en la recepción del hotel.

Desde este espacio, donde se reflexiona respecto a las organizaciones peruanas,
quiero señalar el gran riesgo que la estructura estatal le está imprimiendo al
desarrollo de iniciativas de #RSE y acciones de desarrollo sostenible de las
compañías.

Me explico, el Estado es quien debe articular y fomentar la #RSE y la sostenibilidad del
país entre las empresas privadas donde las ONG son socios estratégicos, con la finalidad
de reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, las empresas privadas que participan
en ello, lo hacen para ahorrar, mitigar y ganar reputación en función de la credibilidad
(licencia social). ¿Qué sucede si dicha credibilidad se reduce como resultado de una crisis
generalizada de instituciones? Esto nos suena familiar ahora, pero podría empeorar.

Sucede que se tendría que invertir más, en un contexto donde muchas empresas aún
no saben cómo medir dicho gasto para clarificar la cifra real de rentabilidad de su
inversión social. Hoy, sigue siendo un tremendo esfuerzo convencer a las empresas
que es rentable involucrarse con la problemática social de cada contexto; por eso, el
Estado y sus instituciones son los primeros que deberían esforzarse por estar en
sintonía con las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos, más aun cuando de
justicia se trata.

El actual gobierno ha mencionado en reiteradas ocasiones la importancia de los #17 ODS
para el país y para el mundo
. Sin embargo, con el caso de Arlette Contreras, una vez más
y de manera sencilla [por decir lo menos], las instituciones públicas caen en
incoherencias que no entendemos, pero peor aún, que no nos explican, en el caso que se
pueda explicar.

El #ODS número 16 promueve sociedades justas, pacificas e inclusivas  y sostiene:
“Este objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y la
construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Para ello, es
necesario acabar con la corrupción existente en el poder judicial y en la Policía de
muchos países”.

Los jueces y fiscales del Poder Judicial tienen la gran tarea de actuar sobre las
necesidades urgentes de este país y encontrar la sintonía con los ciudadanos. El
modelo de las instituciones aisladas y autoritarias no funciona.

Un valioso ejemplo de ello es la marca del gobierno de #Uruguay, la cual cuenta con varias
iniciativas, pero hoy quisiera destacar la campaña que se emitió en noviembre del 2017
respecto a la equidad de género, la cual se denominó “Uruguay sin violencia de género”,
donde se refleja la posición de un gobierno no solo desde lo discursivo, sino desde su
accionar.

“Si el Estado tienen una clara posición respecto de los temas importantes para
los 
ciudadanos, incentiva mucho más a las otras organizaciones a unirse a dicho
proyecto”.

Las instituciones peruanas no deben olvidar que dentro de sus funciones está la
responsabilidad de generar confianza en la ciudadanía. De lo contrario, buenas
iniciativas como, por ejemplo, el programa #IronWomen de #VolvoPerú perderían
importancia.

Fuente original: Dharma Comunicaciones

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